España: El Gobierno limitará las grasas trans en los alimentos
La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición que ultima el Gobierno limitará el contenido de los ácidos grasos trans (obtenidos a partir del proceso de hidrogenación de algunas grasas vegetales) en los alimentos e incluirá una estrategia nacional para fomentar una alimentación saludable y prevenir la obesidad, según anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, después de que el Consejo de Ministros haya examinado este viernes el anteproyecto de dicha norma.
De este modo, los ministerios de Sanidad y Política Social y Medio Ambiente y Medio Rural y Marino han unificado en una sola norma toda la legislación de alimentos y nutrición con el objetivo de reforzar la seguridad de los ciudadanos en materia alimentaria, con el objetivo de "poner fin a la dispersión legal" y optimizar la seguridad de la cadena alimentaria y mejorar la coordinación con todas las administraciones.
Además, recoge los riesgos nutricionales y su incidencia en la salud, y tiene en consideración riesgos sociales, de integración o de discriminación, relacionados con la seguridad y la nutrición. En cuanto a las grasas trans, De la Vega recordó que "está demostrado que aumentan los riesgos cardiovasculares", de ahí que se vaya a limitar su contenido. No obstante, para que se haga efectivo habrá un "periodo transitorio suficientemente amplio para permitir a los operadores adaptarse a su producción".
Prevenir la obesidad
La ley abordará también la prevención de la obesidad, "uno de los principales problemas de salud de los países desarrollados", según reconoció De la Vega. Para ello, el Gobierno se coordinará con las comunidades autónomas y los agentes sociales para desarrollar una estrategia que defienda una alimentación saludable, reforzando la Estrategia NAOS impulsada en 2005 y premiada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por otro lado, la nueva norma establece la creación de una Red Española de Laboratorios de Control Oficial de Seguridad Alimentaria, que reforzará la vigilancia en seguridad alimentaria, mejorará la gestión de la calidad y apoyará la investigación en metodología analítica de la seguridad alimentaria, entre otros aspectos.
Además, otorga una especial importancia a los aspectos relativos a la coordinación y cooperación entre administraciones para el diseño de planes oficiales de control integrados, coordinados y, en la medida de lo posible sistematizados, con respeto a la organización jurídica de competencias y a las exigencias establecidas en la normativa nacional y comunitaria.
A partir de ahora, el anteproyecto inicia un proceso de elaboración final en el que el Gobierno pretende contar con todos los sectores implicados, consumidores y usuarios, industria alimentaria, con el objetivo de "obtener consenso para proteger más y mejor a los ciudadanos, y garantizar el funcionamiento de las industrias".
Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud, uno de cada dos adultos está obeso o tiene sobrepeso mientras que, en niños y adolescentes, el 9, 13 por ciento tiene obesidad y el 18, 48 por ciento sobrepeso. En resumen, uno de cada cuatro niños españoles tiene exceso de peso. Esta alta tasa de obesidad infantil tiene una enorme trascendencia en términos de salud, esperanza de vida e impacto económico: en 2002, se calculó que los costes asociados a la obesidad sumaban unos 2.500 millones de euros anuales, lo que representa, aproximadamente, el 7 por ciento del gasto sanitario total.
De este modo, los ministerios de Sanidad y Política Social y Medio Ambiente y Medio Rural y Marino han unificado en una sola norma toda la legislación de alimentos y nutrición con el objetivo de reforzar la seguridad de los ciudadanos en materia alimentaria, con el objetivo de "poner fin a la dispersión legal" y optimizar la seguridad de la cadena alimentaria y mejorar la coordinación con todas las administraciones.
Además, recoge los riesgos nutricionales y su incidencia en la salud, y tiene en consideración riesgos sociales, de integración o de discriminación, relacionados con la seguridad y la nutrición. En cuanto a las grasas trans, De la Vega recordó que "está demostrado que aumentan los riesgos cardiovasculares", de ahí que se vaya a limitar su contenido. No obstante, para que se haga efectivo habrá un "periodo transitorio suficientemente amplio para permitir a los operadores adaptarse a su producción".
Prevenir la obesidad
La ley abordará también la prevención de la obesidad, "uno de los principales problemas de salud de los países desarrollados", según reconoció De la Vega. Para ello, el Gobierno se coordinará con las comunidades autónomas y los agentes sociales para desarrollar una estrategia que defienda una alimentación saludable, reforzando la Estrategia NAOS impulsada en 2005 y premiada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por otro lado, la nueva norma establece la creación de una Red Española de Laboratorios de Control Oficial de Seguridad Alimentaria, que reforzará la vigilancia en seguridad alimentaria, mejorará la gestión de la calidad y apoyará la investigación en metodología analítica de la seguridad alimentaria, entre otros aspectos.
Además, otorga una especial importancia a los aspectos relativos a la coordinación y cooperación entre administraciones para el diseño de planes oficiales de control integrados, coordinados y, en la medida de lo posible sistematizados, con respeto a la organización jurídica de competencias y a las exigencias establecidas en la normativa nacional y comunitaria.
A partir de ahora, el anteproyecto inicia un proceso de elaboración final en el que el Gobierno pretende contar con todos los sectores implicados, consumidores y usuarios, industria alimentaria, con el objetivo de "obtener consenso para proteger más y mejor a los ciudadanos, y garantizar el funcionamiento de las industrias".
Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud, uno de cada dos adultos está obeso o tiene sobrepeso mientras que, en niños y adolescentes, el 9, 13 por ciento tiene obesidad y el 18, 48 por ciento sobrepeso. En resumen, uno de cada cuatro niños españoles tiene exceso de peso. Esta alta tasa de obesidad infantil tiene una enorme trascendencia en términos de salud, esperanza de vida e impacto económico: en 2002, se calculó que los costes asociados a la obesidad sumaban unos 2.500 millones de euros anuales, lo que representa, aproximadamente, el 7 por ciento del gasto sanitario total.
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